El insultante texto del Proyecto de
Ley de agrotóxicos elevado al Congreso Nacional,
otra burla
del Frente Para la Victoria, analizado
por el portal Renace.net.
Cagarlos a tiros es poco.
Cagarlos a tiros es poco.
El diputado nacional por Formosa, Luis Eugenio Basterra del
Frente para la Victoria, el 11 de setiembre de 2014, presentó en la Cámara de
Diputados de la Nación un proyecto de ley de agroquimicos con el fin de regular
su registro, comercialización y control. El mismo fue individualizado bajo el
registro 7180-D-2014 y el sumario "Registro, comercializacion y control de
los productos fitosanitarios empleados para la proteccion, crecimiento y
desarrollo de los cultivos. Regimen" El proyecto de ley fue tratado en conjunto por las
Comisiones de Agricultura y Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación, el
28 de Octubre de 2014 –a la misma hora y en sala contigua a la audiencia
pública por las escuelas rurales fumigadas–. Asimismo el último Martes 4 de
Noviembre –conforme el listado oficial de reuniones de Comisiones– se celebró
nuevamente una reunión en conjunto de ambas comisiones en la cual –según
informaciones periodísticas– se le habría dado el visto bueno al proyecto,
para ser tratado en el recinto de la Cámara el próximo de 12 de noviembre de
2014; habiéndose omitido las consultas y participación a médicos, científicos,
profesionales y organizaciones avocadas a la problemática de los agrotóxicos.
El texto del proyecto se muestra precario e improvisado y delata un claro desconocimiento técnico en la materia. Parte de una malintencionada denominación de los productos agroquimicos a los que designa con el carácter de "fitosanitarios" cuando ninguno de los que son de uso corriente y masivo en la actividad agrobiotecnológica y que se pretenden regular, pueden ser cobijados bajo ese concepto, dado su carácter de biocidas. Asimismo no refiere en ninguno de sus articulos a la necesaria protección y resguardo de la poblacion, establecimientos educativos rurales y biodiversidad (centros apicolas, cursos y espejos de agua, produccion agroecológica) del impacto ambiental de las aplicaciones terrestres y aéreas de agrotóxicos.
El punto medular del proyecto de ley es que importa una clara regresión normativa al reducir el marco de revisión de los registros de agrotóxicos. Actualmente el sistema regulatorio sobre registro, comercialización, uso y control de los agrotóxicos se encuentra normado bajo la Resolución 350/99 del SENASA y sus modificaciones.
La actual normativa prevé que ante información basada en evidencias significativas que indique que el uso de un agrotóxico en particular pueda suponer un riesgo de inducir en humanos un efecto oncogénico, genético hereditario, teratogénico, fetotóxico, reproductivo, o un efecto crónico o tóxico demorado, habilita el inicio del procedimiento de cancelación o reclasificación del registro correspondiente.
El propio SENASA reconoce que ante evidencias científicas sobre efectos adversos y nocivos de los agrotóxicos corresponde el inicio del procedimiento de cancelación o reclasificación del registro que corresponda, conforme el Capitulo 18 de la Resolución 350/99. Tal reconocimiento lo efectúa la actual presidenta del SENASA Ing. Agr. Diana María Guillen, en la Nota 608/2014 del 29 de Octubre de 2014 remitida al CELMA y al Ex-Coordinador de Temáticas Ambientales de Coronel Suarez Emanuel Garrido, con motivo del requerimiento administrativo que se le efectuara en el mes de Setiembre de 2014 a dicho organismo, en cuanto a la reevaluación de riesgos de los agrotóxicos con miras a la cancelación de los registros. Textualmente la presidenta del SENASA señala que "Con relación a la cuestión de la reevaluación de los riesgos conforme al Capítulo 18 de la citada Resolución N°350/99, es necesario aclarar que el proceso de registro es un análisis de riesgo en sí mismo. Para iniciar una análisis de riesgo de un producto ya inscripto, el citado capitulo exige disponer de antecedentes científicos suficientes avalados por los correspondientes Organismos Oficiales. Por ejemplo, estudios epidemiológicos, informes de Organismos de investigacion, trabajos científicos, etcétera. La Norma prevé que el proceso de análisis de riesgo como herramienta para cancelar o reclasificar un producto fitosanitario ya registrado cuando los usos autorizados de ese producto puedan causar efectos adversos, en condiciones locales de uso, inaceptables tanto para la salud como para el ambiente, debe ser iniciado con antecedentes científicos que justifiquen su realización."
Sin embargo el proyecto de ley del diputado Basterra en el art. 21 establece que la Autoridad Nacional de Aplicación podrá prohibir o autorizar, condicionado a fines específicos, las actividades de importación, elaboración, comercialización y/o uso de productos fitosanitarios respecto de los cuales la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) o la Organización Mundial de la Salud(OMS), u otras organizaciones o tratados de protección a la salud o al ambiente de las cuales el Estado Argentino sea parte, se hubieran expedido recomendando a los países miembros la cancelación o restricción severa de sus registros por su riesgo y dificultad de manejo para los casos en que así se considere.
Que ante el referido requerimiento administrativo efectuado al SENASA, no sorprende esta embestida intempestiva en la Cámara de Diputados Nacional, a través de un proyecto de ley exprés, que claramente apunta a cerrar y clausurar todo revisionismo sobre las autorizaciones de comercialización y uso de agrotóxicos registrados en la Argentina, con el fin excluyente de ignorar las conclusiones que revelan los trabajos científicos independientes en relación a los efectos negativos significativos en la salud humana y el ambiente de la exposición crónica a los agrotóxicos.
En efecto, son los trabajos e investigaciones de científicos independientes de todas partes del mundo que en los últimos años han revelado los efectos crónicos, cenotóxicos, teratogénicos y carcinogeneticos de muchos agrotóxicos usados a gran escala y cielo abierto en la agrobiotecnología, cuyas conclusiones son soslayadas no solo por las autoridades sino también por los organismos internacionales como la Organización Mundial para la Salud y la FAO, a los cuales el proyecto de ley pretende colocarlos como únicos signatarios legítimos para cualquier revisionismo en la materia.
Ese ardid normativo del proyecto de ley, se muestra abiertamente incongruente con el principio de precaución y el Convenio de Diversidad Biológica, según los cuales, todo disenso o incertidumbre científica frente a un hecho que pueda representar una situación de riesgo de daño grave e irreversible a la salud y/o el ambiente, obliga a que se adopten las medidas eficaces y oportunas para despejar las dudas pertinentes y obrar en consecuencia. En ese contexto, los trabajos científicos que evidencian los efectos negativos de los agrotóxicos en la salud humana y el ambiente, son la punta de lanza para promover una reevaluación de riesgos, que hoy la normativa vigente del SENASA 350/99 permite (y que su propia Presidenta recomienda), pero que el proyecto de ley claramente se direcciona a cercenarlo.
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY.
El texto del proyecto se muestra precario e improvisado y delata un claro desconocimiento técnico en la materia. Parte de una malintencionada denominación de los productos agroquimicos a los que designa con el carácter de "fitosanitarios" cuando ninguno de los que son de uso corriente y masivo en la actividad agrobiotecnológica y que se pretenden regular, pueden ser cobijados bajo ese concepto, dado su carácter de biocidas. Asimismo no refiere en ninguno de sus articulos a la necesaria protección y resguardo de la poblacion, establecimientos educativos rurales y biodiversidad (centros apicolas, cursos y espejos de agua, produccion agroecológica) del impacto ambiental de las aplicaciones terrestres y aéreas de agrotóxicos.
El punto medular del proyecto de ley es que importa una clara regresión normativa al reducir el marco de revisión de los registros de agrotóxicos. Actualmente el sistema regulatorio sobre registro, comercialización, uso y control de los agrotóxicos se encuentra normado bajo la Resolución 350/99 del SENASA y sus modificaciones.
La actual normativa prevé que ante información basada en evidencias significativas que indique que el uso de un agrotóxico en particular pueda suponer un riesgo de inducir en humanos un efecto oncogénico, genético hereditario, teratogénico, fetotóxico, reproductivo, o un efecto crónico o tóxico demorado, habilita el inicio del procedimiento de cancelación o reclasificación del registro correspondiente.
El propio SENASA reconoce que ante evidencias científicas sobre efectos adversos y nocivos de los agrotóxicos corresponde el inicio del procedimiento de cancelación o reclasificación del registro que corresponda, conforme el Capitulo 18 de la Resolución 350/99. Tal reconocimiento lo efectúa la actual presidenta del SENASA Ing. Agr. Diana María Guillen, en la Nota 608/2014 del 29 de Octubre de 2014 remitida al CELMA y al Ex-Coordinador de Temáticas Ambientales de Coronel Suarez Emanuel Garrido, con motivo del requerimiento administrativo que se le efectuara en el mes de Setiembre de 2014 a dicho organismo, en cuanto a la reevaluación de riesgos de los agrotóxicos con miras a la cancelación de los registros. Textualmente la presidenta del SENASA señala que "Con relación a la cuestión de la reevaluación de los riesgos conforme al Capítulo 18 de la citada Resolución N°350/99, es necesario aclarar que el proceso de registro es un análisis de riesgo en sí mismo. Para iniciar una análisis de riesgo de un producto ya inscripto, el citado capitulo exige disponer de antecedentes científicos suficientes avalados por los correspondientes Organismos Oficiales. Por ejemplo, estudios epidemiológicos, informes de Organismos de investigacion, trabajos científicos, etcétera. La Norma prevé que el proceso de análisis de riesgo como herramienta para cancelar o reclasificar un producto fitosanitario ya registrado cuando los usos autorizados de ese producto puedan causar efectos adversos, en condiciones locales de uso, inaceptables tanto para la salud como para el ambiente, debe ser iniciado con antecedentes científicos que justifiquen su realización."
Sin embargo el proyecto de ley del diputado Basterra en el art. 21 establece que la Autoridad Nacional de Aplicación podrá prohibir o autorizar, condicionado a fines específicos, las actividades de importación, elaboración, comercialización y/o uso de productos fitosanitarios respecto de los cuales la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) o la Organización Mundial de la Salud(OMS), u otras organizaciones o tratados de protección a la salud o al ambiente de las cuales el Estado Argentino sea parte, se hubieran expedido recomendando a los países miembros la cancelación o restricción severa de sus registros por su riesgo y dificultad de manejo para los casos en que así se considere.
Que ante el referido requerimiento administrativo efectuado al SENASA, no sorprende esta embestida intempestiva en la Cámara de Diputados Nacional, a través de un proyecto de ley exprés, que claramente apunta a cerrar y clausurar todo revisionismo sobre las autorizaciones de comercialización y uso de agrotóxicos registrados en la Argentina, con el fin excluyente de ignorar las conclusiones que revelan los trabajos científicos independientes en relación a los efectos negativos significativos en la salud humana y el ambiente de la exposición crónica a los agrotóxicos.
En efecto, son los trabajos e investigaciones de científicos independientes de todas partes del mundo que en los últimos años han revelado los efectos crónicos, cenotóxicos, teratogénicos y carcinogeneticos de muchos agrotóxicos usados a gran escala y cielo abierto en la agrobiotecnología, cuyas conclusiones son soslayadas no solo por las autoridades sino también por los organismos internacionales como la Organización Mundial para la Salud y la FAO, a los cuales el proyecto de ley pretende colocarlos como únicos signatarios legítimos para cualquier revisionismo en la materia.
Ese ardid normativo del proyecto de ley, se muestra abiertamente incongruente con el principio de precaución y el Convenio de Diversidad Biológica, según los cuales, todo disenso o incertidumbre científica frente a un hecho que pueda representar una situación de riesgo de daño grave e irreversible a la salud y/o el ambiente, obliga a que se adopten las medidas eficaces y oportunas para despejar las dudas pertinentes y obrar en consecuencia. En ese contexto, los trabajos científicos que evidencian los efectos negativos de los agrotóxicos en la salud humana y el ambiente, son la punta de lanza para promover una reevaluación de riesgos, que hoy la normativa vigente del SENASA 350/99 permite (y que su propia Presidenta recomienda), pero que el proyecto de ley claramente se direcciona a cercenarlo.
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY.
El Senado y Cámara de Diputados...
Régimen de registro, comercialización y control de
productos fitosanitarios.
ARTÍCULO 1º. La presente ley establece el marco legal
aplicable en el territorio de la República Argentina para el registro, la comercialización
y el control de los productos fitosanitarios empleados para la protección,
crecimiento y desarrollo de los cultivos.
ARTÍCULO 2º. Quedan sujetas a las disposiciones de la presente ley la importación, exportación, elaboración, fraccionamiento, almacenamiento, envasado, rotulado, traslado, registro, comercialización, prescripción, y toda otra operación vinculada a estas actividades, destinados a la producción agrícola y agroindustrial.
ARTÍCULO 3°. Son sujetos comprendidos en las prescripciones de esta ley:
a) Aquellas personas físicas o jurídicas que intervienen como
eslabones de la cadena de producción y comercialización, que están en contacto
habitual con los productos fitosanitarios y quienes son principales
responsables de su uso y aplicación, a saber: fabricantes, fraccionadores,
formuladores, profesionales universitarios con competencia en programar,
ejecutar y evaluar la formulación, certificación de uso, comercialización,
expendio y aplicación de agroquímicos, aplicadores por cuenta propia o de
terceros, beneficiario del uso y depositario final. Este listado podrá ser
ampliado por la Autoridad Nacional de Aplicación;
b) Aquellas personas físicas o jurídicas que intervienen como
eslabones de la cadena que, por su actividad, no tienen contacto directo y
habitual con el producto fitosanitario, sino solamente a partir de un envase
cerrado herméticamente y con su correspondiente precinto inviolable, a saber:
transportes, depósitos, almacenamientos, comercio vendedor, exportadores e
importadores. Este listado podrá ser ampliado por la Autoridad Nacional de
Aplicación.
ARTÍCULO 4°. El Estado Nacional a través de sus organismos competentes deberá:
ARTÍCULO 4°. El Estado Nacional a través de sus organismos competentes deberá:
a. Entender en el establecimiento de objetivos y políticas,
impulsando el uso racional de los productos fitosanitarios, y la incorporación
de tecnologías adecuadas para minimizar toda clase de riesgos para la salud
humana y para el normal funcionamiento de los ecosistemas y el ambiente en general.
b. Promover en forma conjunta con los gobiernos provinciales,
municipales y entidades públicas y/o privadas, la creación de programas de
manejo integrado de plagas y buenas prácticas agrícolas, tendientes a utilizar
tecnologías de bajo impacto sobre los ecosistemas y la eficaz utilización de sustancias
químicas y/o bioquímicas.
c. Identificar, localizar y disponer en forma segura de
productos fitosanitarios decomisados y/o prohibidos, o que estuvieran en estado
que impida su uso. Los costos de los procedimientos de disposición final serán
en su caso, por cuenta del infractor.
d. Brindar en forma periódica a las autoridades sanitarias a
cargo de los Centros de Intoxicaciones, la información necesaria para la atención
de eventos dañosos derivados de la ingestión o contacto con productos
fitosanitarios, y la necesaria para el seguimiento de personas o grupos
expuestos.
e. Brindar la información necesaria para la atención de
accidentes o eventos dañosos al ambiente, a las autoridades del área pertinente,
y/o servicios de asistencia pública.
f. Promover en forma conjunta con los gobiernos provinciales,
municipales y entidades públicas y/o privadas el cumplimiento de los recaudos
indicados en el Código Internacional de Conducta para la Distribución y
Utilización de Plaguicidas (Organización Mundial de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación - FAO-) en materia de Principio de Información y
Consentimiento Previo (PICP).
g. Promover, a través del sistema de salud, la capacitación y
actualización del personal médico rural, emergentólogos y toxicólogos sobre
productos fitosanitarios.
ARTÍCULO 5º. La Autoridad Nacional de Aplicación es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), quien llevará el Registro Nacional de Productos de Terapéutica Vegetal, lo que implica - sin perjuicio de otras acciones- fijar los requisitos que deberán cumplir los solicitantes de registros de productos fitosanitarios y aprobará la utilización de los mismos, como condición para la comercialización, contemplando las obligaciones que al respecto asuma la República Argentina en el marco de tratados de integración o internacionales.
ARTÍCULO 6º. Son funciones de la Autoridad Nacional de Aplicación, en cuanto hace al registro de productos fitosanitarios:
ARTÍCULO 5º. La Autoridad Nacional de Aplicación es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), quien llevará el Registro Nacional de Productos de Terapéutica Vegetal, lo que implica - sin perjuicio de otras acciones- fijar los requisitos que deberán cumplir los solicitantes de registros de productos fitosanitarios y aprobará la utilización de los mismos, como condición para la comercialización, contemplando las obligaciones que al respecto asuma la República Argentina en el marco de tratados de integración o internacionales.
ARTÍCULO 6º. Son funciones de la Autoridad Nacional de Aplicación, en cuanto hace al registro de productos fitosanitarios:
a) Llevar el Registro Nacional de Productos Fitosanitarios,
conforme las facultades que le otorga la presente ley y determinar los
requisitos, procedimientos, criterios y alcances para el registro de productos
fitosanitarios en la República Argentina.
b) Determinar los recaudos a seguir en los procesos de
investigación y desarrollo de productos fitosanitarios que no estén aún
registrados, y que impliquen la liberación al ambiente de éstos. Deberá
exigirse la presentación de la información disponible, y la imposición de
condiciones de estricto control de la identidad de los productos, de bioseguridad,
cantidades y áreas de aplicación.
d) Realizar las revalidaciones de los registros de principios
activos y/o productos formulados que estime necesarias, sometiéndolos, junto
con la información que los sustenta, a evaluaciones toxicológicas, ecotoxicológicas
y de eficacia agronómica acordes con los avances científicos que se produzcan;
e) Llevar el registro de personas físicas y/o jurídicas que
intervengan en los procesos de importación, exportación, fabricación, industrialización
y comercialización de productos fitosanitarios en el ámbito nacional e inter
jurisdiccional.
f) Establecer los criterios y modalidades de uso y control de
las sustancias activas, sus impurezas, los productos formulados, sustancias
acompañantes y coadyuvantes, las modalidades de aplicación, métodos y recomendaciones
para el uso seguro de productos fitosanitarios, así como determinar los usos
y/o cultivos a los que podrán destinarse.
g) Establecer y dictar las normas relativas a límites máximos de
presencia de residuos de productos fitosanitarios (LMRs) en vegetales y frutas
para consumo fresco y animal;
h) Dictar las normas y recomendaciones sobre los períodos de
carencia en que se aplicarán los productos fitosanitarios sobre los cultivos.
i) Establecer los períodos de reingreso, lapsos durante los
cuales no debe permitirse el ingreso de personas o animales a las áreas
tratadas.
En materia de controles posregistro corresponde a la Autoridad
Nacional de Aplicación:
j) Suspender, restringir o prohibir la importación, elaboración,
fraccionamiento, comercialización y uso de determinadas sustancias activas y/o
productos formulados. Estas medidas podrán ser aplicadas en todo el territorio
nacional, ser de aplicación regional o local, o referirse a un cultivo y/o uso
determinado.
k) Autorizar rótulos y envases de acuerdo a las pautas
establecidas en los artículos 15 y 16 de la presente ley.
l) Establecer las pautas que deben imponer las normas de
almacenamiento y depósito de productos fitosanitarios, a ser dictadas en cada
jurisdicción, de modo que se eviten al máximo los riesgos para la salud humana
y animal y para el normal funcionamiento de los ecosistemas en general.
ARTÍCULO 7°. Los certificados de registro emitidos por la Autoridad Nacional de Aplicación implican que el producto ha sido considerado apto, luego de un procedimiento de análisis y evaluación de sus beneficios y riesgos, para su uso en los cultivos y especies para los que ha sido aprobado y de acuerdo a las instrucciones o modalidades de uso indicadas en los rótulos o etiquetas.
ARTICULO 8°. La Autoridad Nacional de Aplicación podrá, ante emergencias sanitarias declaradas, autorizar circunstancialmente y con carácter de excepción, el uso de determinados productos fitosanitarios no autorizados para los cultivos en riesgo.
ARTICULO 9°. La vigencia de los registros de productos fitosanitarios será indefinida, siempre que el producto a comercializar se corresponda con las especificaciones registradas. Los registros podrán ser cancelados por los siguientes motivos:
ARTÍCULO 7°. Los certificados de registro emitidos por la Autoridad Nacional de Aplicación implican que el producto ha sido considerado apto, luego de un procedimiento de análisis y evaluación de sus beneficios y riesgos, para su uso en los cultivos y especies para los que ha sido aprobado y de acuerdo a las instrucciones o modalidades de uso indicadas en los rótulos o etiquetas.
ARTICULO 8°. La Autoridad Nacional de Aplicación podrá, ante emergencias sanitarias declaradas, autorizar circunstancialmente y con carácter de excepción, el uso de determinados productos fitosanitarios no autorizados para los cultivos en riesgo.
ARTICULO 9°. La vigencia de los registros de productos fitosanitarios será indefinida, siempre que el producto a comercializar se corresponda con las especificaciones registradas. Los registros podrán ser cancelados por los siguientes motivos:
a) A pedido del titular
b) En función de los plazos que fije la reglamentación para
renovaciones administrativas y trámites afines;
c) En ejercicio de la potestad que tiene la autoridad nacional
de instar revisiones sobre la base de acciones y/o programas de seguimiento y
vigilancia pos-registro.
d) Por incumplimiento de la presente ley y de las normas que en
su consecuencia se dicten
e) Otras situaciones que la autoridad de aplicación defina por
vía reglamentaria.
ARTÍCULO 10°. La Autoridad Nacional de Aplicación deberá garantizar el desarrollo de un Sistema Nacional de Trazabilidad que contemple todas las etapas, desde la elaboración o importación de un producto fitosanitario hasta el comercio minorista inclusive.
ARTÍCULO 11. Los Comerciantes tendrán las siguientes obligaciones:
ARTÍCULO 10°. La Autoridad Nacional de Aplicación deberá garantizar el desarrollo de un Sistema Nacional de Trazabilidad que contemple todas las etapas, desde la elaboración o importación de un producto fitosanitario hasta el comercio minorista inclusive.
ARTÍCULO 11. Los Comerciantes tendrán las siguientes obligaciones:
a) Tener un asesor técnico, profesional universitario
matriculado en cuyas actividades reservadas al titulo contemple programar,
ejecutar y evaluar la formulación, certificación de uso, comercialización,
expendio y aplicación de agroquímicos.
b) Contar con las habilitaciones que toda la normativa
correspondiente imponga.
c) Controlar que el producto esté cerrado, con su precinto de
seguridad colocado e intacto, número de lote, fecha de vencimiento vigente, y
debidamente etiquetado.
ARTICULO 12. El usuario de productos fitosanitarios debe:
a) Archivar los remitos y las recetas de prescripción de los
productos fitosanitarios que se utilicen, de forma tal que dichos documentos
satisfagan adecuadamente el objetivo de trazabilidad de la presente ley, por el
plazo que establezca la reglamentación y permita una adecuada auditoria por
parte de las Autoridades competentes, nacionales o provinciales.
b) Contratar aplicadores inscriptos o registrados o estar
inscripto como tal en los registros provinciales correspondientes.
c) Cumplir con las normas de Buenas Prácticas de Depósito y
disposición transitoria de envases vacíos de fitosanitarios.
d) Permitir el acceso de la Autoridad Nacional de Aplicación o
Autoridad Competente jurisdiccional a los predios que está cultivando,
instalaciones donde se apliquen o depositen productos fitosanitarios y aquellas
de depósito y disposición de envases vacíos de fitosanitarios.
ARTÍCULO 13. El profesional universitario matriculado actuante, está obligado a emitir una receta de prescripción o aplicación, toda vez que su recomendación implique la utilización de un producto fitosanitario.
ARTÍCULO 14. La inscripción, registro y capacitación de los aplicadores de productos fitosanitarios estará a cargo de las provincias. El SENASA llevará una base única de datos que constituirá el Sistema Federal Integrado de Registros de Aplicadores de Productos Fitosanitarios
ARTÍCULO 15. Las etiquetas y envases de los productos fitosanitarios deberán ser autorizados por el Estado Nacional, a través de la Autoridad Nacional de Aplicación, e incluirán las leyendas que indiquen, en idioma nacional, como mínimo los siguientes recaudos:
ARTÍCULO 13. El profesional universitario matriculado actuante, está obligado a emitir una receta de prescripción o aplicación, toda vez que su recomendación implique la utilización de un producto fitosanitario.
ARTÍCULO 14. La inscripción, registro y capacitación de los aplicadores de productos fitosanitarios estará a cargo de las provincias. El SENASA llevará una base única de datos que constituirá el Sistema Federal Integrado de Registros de Aplicadores de Productos Fitosanitarios
ARTÍCULO 15. Las etiquetas y envases de los productos fitosanitarios deberán ser autorizados por el Estado Nacional, a través de la Autoridad Nacional de Aplicación, e incluirán las leyendas que indiquen, en idioma nacional, como mínimo los siguientes recaudos:
a) El nombre comercial del producto, nombre y dirección del
fabricante, responsable técnico y porcentaje del ingrediente o sustancia
activa, contenido neto, tipo de acción y cultivos para el cual ha sido
aprobado.
b) Las recomendaciones de uso, instrucciones de aplicación,
advertencias y precauciones a seguir para el uso seguro y eficaz del producto
para cada cultivo autorizado, incluyendo símbolos y/o pictogramas adecuados,
seguido de la aclaración que todo uso no expresamente autorizado constituye una
infracción a la presente ley.
c) Primeros auxilios y ayuda médica en casos de intoxicación.
d) Fecha de vencimiento e identificación del lote o partida del
producto en números o en letras de fácil lectura, transcripción y comunicación.
e) Recomendaciones de tratamiento y disposición final de los
envases vacíos y/o productos remanentes según lo determinado por la
reglamentación.
ARTÍCULO 16. Los envases deberán satisfacer los siguientes recaudos mínimos:
ARTÍCULO 16. Los envases deberán satisfacer los siguientes recaudos mínimos:
a) Ser diseñados y fabricados de modo tal que impidan pérdidas;
ser construidos con materiales resistentes al producto a ser envasado y con la
resistencia mecánica necesaria para responder a las exigencias normales de
almacenamiento y transporte;
b) Contar con un cierre o precinto que sea inevitablemente
destruido al ser abierto la primera vez;
c) Lucir la fecha de vencimiento del producto impresa en forma
indeleble, la que deberá coincidir con la indicada en el rótulo. En caso de
divergencia, será válida únicamente la impresa en el envase.
d) Toda aquella información necesaria para la gestión eficaz del
envase vacío de fitosanitario que establezca la legislación nacional y/o
provincial
ARTÍCULO 17. La publicidad de productos fitosanitarios deberá cumplir con las siguientes pautas:
ARTÍCULO 17. La publicidad de productos fitosanitarios deberá cumplir con las siguientes pautas:
a) El contenido de la publicidad debe coincidir con las
características del producto, oportunamente aprobadas por la autoridad de
aplicación.
b) Todas las afirmaciones utilizadas deben ser factibles de
justificarse técnicamente.
c) Los anuncios no deben contener ninguna afirmación o
presentación visual que directa o indirectamente entrañen la probabilidad de
inducir a error al comprador o usuario, en particular en lo que respecta a la
seguridad del producto, su naturaleza, composición, adecuación al uso,
reconocimiento o aprobación oficial y la disposición final de los envases.-
d) Los anuncios deberán brindar información clara, concreta y
adecuada para el entendimiento del público en general, y que advierta sobre sus
características y peligros de uso indebido de los mismos.
e) Los anuncios deben estimular a los compradores y usuarios a
leer atentamente los rótulos.
ARTÍCULO 18. Los productos fitosanitarios serán
almacenados en depósitos debidamente habilitados por la Autoridad Competente
Jurisdiccional, que deben cumplir con las condiciones necesarias para prevenir
y evitar los riesgos para la salud humana y los posibles impactos negativos
sobre el ambiente.
ARTÍCULO 19. Las Autoridades Competentes Jurisdiccionales
arbitrarán los medios para el control de la aplicación y uso de los productos
fitosanitarios, a fin de prevenir los posibles riesgos a la salud humana e impactos
negativos sobre el ambiente, sin perjuicio de las demás acciones correspondientes
a sus competencias propias.
ARTÍCULO 20. Todos los residuos, sobrantes y envases
de productos fitosanitarios deberán ser gestionados de manera de evitar daños
al ambiente y la salud, priorizando su valorización en los casos en que sea
factible, y respetando lo establecido en las normas vigentes sobre la materia
en cada jurisdicción.
ARTÍCULO 21. La Autoridad Nacional de Aplicación podrá
prohibir o autorizar, condicionado a fines específicos, las actividades de
importación, elaboración, comercialización y/o uso de productos fitosanitarios
respecto de los cuales la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) o la Organización Mundial de la Salud
(OMS), u otras organizaciones o tratados de protección a la salud o al ambiente
de las cuales el Estado Argentino sea parte, se hubieran expedido recomendando
a los países miembros la cancelación o restricción severa de sus registros por
su riesgo y dificultad de manejo para los casos en que así se considere.
ARTÍCULO 22. Las Autoridades Competentes Jurisdiccionales
correspondientes podrán imponer las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento
b) Multas
c) Interdicción de predios.
d) Decomiso de los productos y mercaderías contaminados y de los
elementos utilizados para cometer la infracción. Se impondrá al infractor la
obligación de disponer a su costa de los productos decomisados, según los
procedimientos que se le fijen.
e) Inhabilitación temporal o permanente.
f) Clausura de los locales, pudiendo ser parcial o total,
temporal o permanente.
g) Secuestro de los equipos de aplicación.
h) Ejecución de acciones de recomposición de los elementos del
ambiente que hubieran sufrido daño.
ARTÍCULO 23. Será sancionado de conformidad con el artículo
anterior, salvo que el hecho constituya delito, el que:
a) Introdujere al país o produjere productos fitosanitarios sin
inscripción, autorización o habilitación de las autoridades competentes.
b) Distribuyere, almacenare, transportare, pusiere a la venta o
vendiere productos fitosanitarios falsificados, adulterados o producidos
fraudulentamente.
c) Vendiere, aplicare u ordenare aplicar productos
fitosanitarios a quien no se encuentre inscripto en los registros provinciales
previstos en el artículo 14.
d) Poseyendo título de profesional universitario matriculado en
cuyas actividades reservadas al titulo contemple programar, ejecutar y evaluar
la formulación, certificación de uso, comercialización, expendio y aplicación
de agroquímicos, aplicare u ordenare aplicar productos fitosanitarios que no se
encontrasen debidamente inscriptos y autorizados.
ARTÍCULO 24. Derógase el Decreto Ley 3.489/58 y la Ley
17.934 y toda otra norma nacional que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 25. El Poder Ejecutivo Nacional deberá
reglamentar la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su promulgación.
ARTÍCULO 26. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
Fundamentos expuestos por el Dip. Luis Eugenio Basterra:
"Señor presidente:
La presente ley tiene como objetivo establecer el marco legal
aplicable en el territorio de la República Argentina para el registro, la
comercialización y el control de los productos fitosanitarios empleados para la
protección, crecimiento y desarrollo de los cultivos.
En la República Argentina está reglamentada la elaboración,
formulación, fraccionamiento, distribución, transporte, almacenamiento,
comercialización y aplicación de los productos fitosanitarios a través de
leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones emanadas de la Secretaría de
Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación (SAGPYA) y SENASA, así como
disposiciones de este órgano, o sus antecesores, Instituto Argentino de Sanidad
y Calidad Vegetal, o Servicio Nacional de Sanidad Vegetal.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) es la autoridad nacional competente para el registro y control de los
Productos Fitosanitarios, según Decreto Nº 1585/96. Tiene a su cargo el
Registro Nacional de Terapéutica Vegetal y Fertilizantes donde deben
inscribirse todas las empresas y los productos que se comercializan en el
territorio argentino.
Desde hace varios años, además, la normativa nacional tiende a
la armonización con la vigente en bloques u organizaciones regionales, como MERCOSUR
y COSAVE.
Los instrumentos legales para el control y gestión de sustancias
químicas de uso agrícola en el orden federal son:
1. Decreto Ley N° 3489/1958: Establece el contralor de la Secretaría de Agricultura sobre la venta en todo el territorio de la Nación de productos químicos o biológicos, destinados al tratamiento o destrucción de los enemigos animales y vegetales de las plantas cultivadas o útiles, así como de los coadyuvantes de tales productos, previo registro ante la autoridad competente. Fija la obligación de registro de los productos, bajo las condiciones que estipule la reglamentación, establece sanciones en caso de incumplimiento y las obligaciones de usuarios y particulares.
2. Decreto N° 5769/1959: Establece la obligatoriedad de inscripción para toda persona de existencia visible o ideal para la venta de los citados productos dentro del territorio de la República Argentina. Fija los requisitos para la inscripción o registro, previo e indispensable para la venta en el territorio nacional. Crea el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal. Su texto ordenado incluye las siguientes modificaciones:
- art. 2o: Dec. 8965 inc. a); disposición SNSV 255 inc. d); dec.
1419 2o.ap.
- art. 3o: Dec. 7190 inc. d).
- art. 5o: Disp. SNSV 255 (final).
- art. 13o:Disp.SNSV 7.
3. RESOLUCIÓN No. 571/79: Plaguicidas de uso en sanidad vegetal y animal: normas que deben cumplir los titulares de certificados de venta (depósito de muestras en Policía Federal). No está derogada, pero sí en desuso.
4. Resolución SAGPyA N° 350/99: Establece y aprueba el "Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios en la República Argentina" que homologa para nuestro país la 5º Edición del Manual sobre el desarrollo y uso de las especificaciones FAO en productos para la protección de cultivos. Reemplaza el anexo I de Resolución SENASA Nº 440/98 sobre los requisitos y procedimientos para registrar productos fitosanitarios. Establece categorías de trámites: sustancias activas grado técnico (sin antecedentes en el país: primer registro y con antecedentes de registro); productos formulados (sin y con antecedentes de registro); Biológicos; Trato diferenciado). Fija los parámetros para la determinación de la "Equivalencia". Impone la obligación de habilitar establecimientos de fabricación. Regula el manejo de la información confidencial. Determina las pautas a aplicar para el análisis de riesgo de productos fitosanitarios registrados. Fija los plazos y modo para la reválida de registros obtenidos mediante normativas anteriores. Complementada / Modificada por Resoluciones SENASA 230/00; 1136/00; 45/01; 6/02; 489/02; 539/02; 371/03; 302/12
Asimismo, dentro del conjunto de normas que regulan los niveles máximos de tolerancia de agroquímicos en productos vegetales destinados a la alimentación humana y animal y establecen las normas reguladoras de procedimientos para evitar la contaminación, se destacan:
1. Resolución SENASA 256/03: establece Tolerancias ó Límites
Máximos de Residuos de Plaguicidas en productos y subproductos agropecuarios.
Incluye Listado de productos fitosanitarios exentos del requisito de fijación
de tolerancias y listado de principios activos prohibidos y restringidos en la
legislación vigente.
2. Resolución SENASA 512/04: Fija límites máximos de residuos
(LMR) para productos no tradicionales.
3. Resolución SENASA 512/04: Ampliación de Registros de
Productos Fitosanitarios a usos no autorizados (art. 4º Ley 20.418) y fijación
de LMR temporales.
El Estado Federal es competente para regular el registro y
comercio interjurisdiccional e internacionales de productos fitosanitarios,
fertilizantes y enmiendas. El registro y consecuente autorización para el comercio
legítimo de estos productos en cualquier sitio del territorio nacional debe
hacerse ante la Autoridad Nacional competente, el SENASA.
Sin embargo, los Estados Provinciales mantienen el ejercicio del
poder de policía, es decir del control del comercio, uso y aplicación de los
productos fitosanitarios dentro de sus respectivos territorios.
Por ello, la mayoría de los Estados Provinciales tiene sus leyes
y normativas locales, que se listan a continuación y que deben observarse en
cada jurisdicción.
1) BUENOS AIRES:
- Ley 10.699: Protección de la salud humana, recursos naturales
y la producción agrícola mediante el uso racional de productos químicos o
biológicos.
- Decreto Reglamentario 499/91
- Ley de facto 8765 (1977): Reglamento de Faltas Agrarias.
- Ley 5770 (30/8/54) y Decreto Reglamentario 4328/55.-
2) CÓRDOBA:
2) CÓRDOBA:
- Ley de facto 4967 (1968): Defensa sanitaria de la producción
agrícola.
- Decreto Reglamentario 6373
- Decreto Reglamentario 4460/83.
- Ley 7487 (1986): Ley de Control de Sanidad Vegetal.
- Ley 9164: Productos Químicos o Biológicos de uso agropecuario.
3) CATAMARCA:
3) CATAMARCA:
- Ley 4395 (1986): Normas sobre elaboración, utilización y
almacenamiento de agroquímicos. Fondo Fitosanitario.
4) CORRIENTES:
4) CORRIENTES:
- Ley 4495 (1990).
5) CHACO:
5) CHACO:
- Ley 3378 (1988): Biocidas.
- Decreto Reglamentario 454/89.
6) CHUBUT:
6) CHUBUT:
- Ley 2175 (1987): Recursos Naturales- Agricultura- Ganadería-
Industria- Plagas- Fertilizantes.
7) ENTRE RÍOS:
7) ENTRE RÍOS:
- Ley de facto 6599 (1980) ratificada por Ley 7495: Plaguicidas.
- Decreto Reglamentario 4483/95.
- Decreto Reglamentario 5575/95: Aprueba convenio con Colegio de
Profesionales de la Agronomía para el contralor de la aplicación.
- Resolución SPG 1622/96: Crea el registro de expendedores y
aplicadores de Plaguicidas.
- Ley de Sanidad Vegetal N° 5596 (1974) y DR 76/74.-
8) JUJUY:
8) JUJUY:
- Ley de Sanidad Vegetal N° 3240 (1975).
9) LA PAMPA:
9) LA PAMPA:
- Ley 1173 (1989): Sistema de Protección de la salud humana y de
los ecosistemas optimizando la utilización de agroquímicos.
- Decreto Reglamentario N° 618.-
10) MENDOZA:
10) MENDOZA:
- Ley 5665 (1991)
- Decreto Reglamentario N° 1469/93.-
- Resolución ISCAMEN Nº 21 7. I- 2005: Adhesión de la Provincia
de Mendoza al SIFFAB (Resolución SENASA 500/03). Triple lavado de envases
vacíos. Sitios de Acopio de envases.
11) MISIONES:
11) MISIONES:
- Ley 2980 (1992): Ley Provincial del Agrotóxicos.
12) NEUQUEN:
12) NEUQUEN:
- Ley 1859 (1990).-
13) RÍO NEGRO:
13) RÍO NEGRO:
- Ley 2175 (1987): Uso de Plaguicidas y Agroquímicos en la
Provincia de Rio Negro.
- Decreto Reglamentario N° 729/94
14) SAN JUAN:
14) SAN JUAN:
- Ley 6744 - Ley de Agroquímicos.
15) SAN LUIS:
15) SAN LUIS:
- Ley 4703 (1985)
- Decreto Reglamentario N° 2874/86.-
16) SANTIAGO DEL ESTERO:
16) SANTIAGO DEL ESTERO:
- Ley N° 6312 (1996) Provincial de Agroquímicos.
17) SANTA FE:
17) SANTA FE:
- Ley N° 7461 (1975) . Reformada: Ley 10.528 (1990).
- Decreto Reglamentario 2591/77.
- Resolución N° 505/78: Registro de elaboradores, expendedores,
aplicadores de agroquímicos en la provincia.
- Disposición 13/78 (aeroaplicación)
- Disposición 16/78 (receta para determinados Plaguicidas)
- Ley 4390 (1954) Sanidad Vegetal y DR 01307/55.-
18) SANTA CRUZ:
18) SANTA CRUZ:
- Ley N° 2529 (1999): Regulación de Agroquímicos y Plaguicidas.
- Ley N° 2484 (1998): Sanidad y Calidad Vegetal.
19) TUCUMÁN:
19) TUCUMÁN:
- Ley N° 6291 (1991): Agroquímicos.
- Ley N° 6109 (1991): Sanidad Vegetal
Ante esta cantidad de normas, algunas de ellas ya en desuso y otras que necesitan su actualización, surge la necesidad de sancionar una ley nacional que establezca con claridad las cuestiones referidas al registro de los productos fitosanitarios y las actividades de control post registro, brindando a las jurisdicciones provinciales pautas claras para la coordinación normativa nación - provincias, en especial, considerando el rol central del SENASA en el establecimiento de las pautas de cumplimiento obligatorio referidas al registro, la comercialización y el control de los productos fitosanitarios empleados para la protección, crecimiento y desarrollo de los cultivos.
Se establece en este sentido los alcances de la competencia que tendrá la Autoridad de Aplicación en cuanto hace al registro de los productos fitosanitarios, determinando los requisitos, procedimientos, criterios y alcances para el registro de productos fitosanitarios, los recaudos a seguir en los procesos de investigación y desarrollo de productos fitosanitarios que no estén aún registrados, y que impliquen la liberación al ambiente de éstos y realizar las revalidaciones de los registros de principios activos y/o productos formulados que estime necesarias, sometiéndolos, junto con la información que los sustenta, a evaluaciones toxicológicas, ecotoxicológicas y de eficacia agronómica acordes con los avances científicos que se produzcan.
Asimismo el SENASA deberá llevar el registro de personas físicas
y/o jurídicas que intervengan en los procesos de importación, exportación,
fabricación, industrialización y comercialización de productos fitosanitarios
en el ámbito nacional e inter jurisdiccional, establecer los criterios y
modalidades de uso y control de las sustancias activas, sus impurezas, los
productos formulados, sustancias acompañantes y coadyuvantes, las modalidades
de aplicación, métodos y recomendaciones para el uso seguro de productos
fitosanitarios, así como determinar los usos y/o cultivos a los que podrán destinarse.
En materia de controles pos registro, el SENASA podrá proceder a
suspender, restringir o prohibir la importación, elaboración, fraccionamiento,
comercialización y uso de determinadas sustancias activas y/o productos
formulados, así como incautar las existencias, cuando hubiere razones debidamente
fundadas que así lo determinen. Estas medidas podrán ser aplicadas en todo el
territorio nacional, ser de aplicación regional o local, o referirse a un
cultivo y/o uso determinado.
Con respecto a los rótulos y envases de productos fitosanitarios
deberá controlar la aplicación de la reglamentación y establecer las pautas que
deben imponer las normas de almacenamiento y depósito de productos
fitosanitarios, a ser dictadas en cada jurisdicción, de modo que se eviten al
máximo los riesgos para la salud humana y animal y para el normal funcionamiento
de los ecosistemas en general.
Uno de los aspectos que incorpora la presente ley es la
obligatoriedad de establecer un sistema de trazabilidad de los productos
fitosanitarios que estará a cargo del SENASA y que comprenda todas las etapas
de la cadena de comercialización hasta el comercio minorista que adquiera el
producto.
Se establece asimismo que un profesional de las ciencias
agronómicas matriculado deberá emitir una receta de prescripción y aplicación,
toda vez que su recomendación implique la utilización de un producto fitosanitario.
En cuanto a la aplicación de los productos fitosanitarios la
norma establece que las provincias administrarán los registros de aplicadores y
el SENASA llevará un Sistema Federal Integrado de registros de Aplicadores de
Productos Fitosanitarios de libre acceso para los productores interesados.
Por los motivos expuestos
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley..."
Insisto, cagarlos a tiros es poco.
CR
