Existe la creencia general de que conseguir un trabajo es “un derecho”
que, lógicamente, tiene que estar garantizado por el Estado. Si uno
niega esta afirmación pareciera estar reconociendo que desea que la
gente no pueda conseguir un empleo.
Todo lo que consideramos como
positivo no puede estar garantizado por Ley. Algunas cosas por
imposibilidad de poder proceder con la implementación concreta del
derecho, otras por afectar derechos de terceros y, en este caso, por
las dos cosas juntas.
Los modelos legales que han funcionado han
tratado de garantizar la libertad de los individuos y reservaron el
uso del aparato represor a quienes atenten contra esa libertad. Esta
máxima se encuentra en la sabiduría de los Padres Fundadores de los
Estados Unidos quienes destacaron la necesidad de la “persuit of
happiness”, es decir la “búsqueda de la felicidad”.
La
contracara es tratar de garantizar la felicidad directamente. Esto se
encuentra en las legislaciones que “garantizan” los derechos al
trabajo, salarios mínimos, imposibilidades de despido e
indemnizaciones. Las intenciones en este sentido han sido tan
absurdas que en América Latina se han llegado a proponer con
carácter constitucional los derechos al orgasmo femenino y que la
tasa del interés no supere el 3%.
Existen ciertas cuestiones
científicas en materia económica que justifican el éxito del
primer modelo sobre el segundo que son necesarias detallar para
explicar porque el derecho a conseguir un empleo es mucho más
eficiente que el derecho al empleo en sí.
Lo que determina los
salarios y las fuentes de trabajo en una economía es su
capitalización. A mayor capital invertido, mayores posibilidades de
fuentes de trabajo y mejores salarios. La capitalización está
asociada a la producción y por lo tanto a los márgenes de
ganancias. Un obrero que cuente con una máquina agrícola será más
productivo que uno que se encuentra arando con una pala, de la misma
manera que uno que tenga la pala será más productivo que uno que lo
esté haciendo con sus manos. Resultado de esto, el empleado
productivo demandará más y mejores servicios en la economía que el
de la pala, que probablemente trabaje solo para su subsistencia.
Cuando una economía logra capitalizarse, sus salarios se
incrementan de la misma manera. En relación directa, una
descapitalización significa pérdidas de empleo y salarios
reducidos. Esto se ve claramente en el salario promedio de un
norteamericano o un canadiense, que es superior al de un argentino,
que es superior al de un venezolano, que a su vez hasta ahora, es
superior al de un cubano.
Si los salarios podrían determinarse
por ley…¿Por qué los gobiernos cubanos, venezolanos y argentinos
no los fijan en el promedio de Estados Unidos y Canadá? Simple,
porque solo se pueden fijar levemente por encima del de mercado.
Fijarlos por debajo no generaría sentido y hacerlo levemente por
encima genera anuncios demagógicos y pequeñas distorsiones a la
simple vista, pero que repercuten en contra de los más necesitados.
Lo único que puede hacer el Estado para incrementar el salario
de sus ciudadanos es generar el marco de instituciones para
incrementar la inversión.
En el día del trabajador Nicolás
Maduro, en medio de una crisis total, declaró el incremento de un
60% en el salario mínimo. ¿Por qué no lo hizo en un 2 mil % en un
acto de compromiso social? Porque en el fondo sabe que jamás
funcionaría. El resultado de su medida logrará lo siguiente: Las
empresas que todavía tengan un mínimo margen de ganancia aumentarán
ese porcentual a sus empleados pero no contratarán más, y quienes
no puedan pagarlo despedirán a sus empleados. Si el Estado prohíbe
esos despidos, simplemente la empresa cerrará o será estatizada,
agravando aún más la situación.
El sueldo de un suizo no
depende de la bondad de un empresario, que sin dudas preferiría
pagarle lo menos posible, depende de los requisitos del mercado. El
mismo fenómeno corresponde a un salario menor en una economía
altamente regulada, donde los salarios son malos por el marco
económico y no por la maldad o egoísmo de los empleadores, que nada
tiene que ver con los salarios que tienen que pagar.
La
existencia de los salarios mínimos lo único que hace es expulsar
del sistema a los que se encuentran en el borde de la productividad y
más necesitan trabajar. Esta distorsión funciona de la misma manera
que un control de precios que barre los productos de las góndolas de
los supermercados. El incremento reciente del salario mínimo en
Estados Unidos significó que empresas como Mc Donalds generen un
nuevo plan de negocios para reemplazar empleados por máquinas que
toman los pedidos de sus clientes.
En el día del trabajador es
necesario analizar la cuestión con responsabilidad y de manera
objetiva y no repetir slogans que pueden ser contraproducentes.
El derecho a conseguir un empleo en el marco de una economía
libre, es garantía de mayor probabilidades de conseguirlo si se
busca. El derecho al trabajo es impracticable ya que ¿A quién se lo
reclamamos si no lo conseguimos? ¿Al Estado? Toda intervención
directa en búsqueda de este objetivo será contraproducente. ¿Quién
está cometiendo el delito si yo no consigo un empleo?
Aunque
parezca una contradicción, los responsables de que la gente, sobre
todo los más necesitados, no tengan acceso a un empleo y a un
salario digno, son los voceros de las legislaciones
intervencionistas, en algunos casos movidos por ignorancia y en otros
por privilegios sectoriales.
Por lo tanto el trabajo no es, ni
puede ser, un derecho. Mantener esta idea lo único que logrará es
impedir que más personas puedan conseguir un trabajo y que éste les
brinde mejores ingresos.
