Nota extraída de Perfil.com, la cronología de un caso
revelado sin detalles y aún irresuelto en su totalidad.
Tiene un defecto tan evidente del cronista en
uno de sus párrafos, que ni merece aclaración,
pero harta que ante la falta de justicia inauguremos
otro lugar de la llamada "memoria". El mensaje no
podría ser menos feliz para una sociedad conformista:
"No hay fallo ni acusados, pero no lo olvidaremos".
Tiene un defecto tan evidente del cronista en
uno de sus párrafos, que ni merece aclaración,
pero harta que ante la falta de justicia inauguremos
otro lugar de la llamada "memoria". El mensaje no
podría ser menos feliz para una sociedad conformista:
"No hay fallo ni acusados, pero no lo olvidaremos".
"El 31 de
enero de 2009 a la noche, Luciano Nahuel Arruga salió de su casa en
el Barrio 12 de Octubre, en el partido bonaerense de Lomas del Mirador con tan
sólo $1,50 para ir a un cyber cercano. El adolescente de 16 años nunca regresó.
Pasaron cinco años
y ocho meses hasta que se encontró el cuerpo del joven, enterrado en el
cementerio de la Chacarita como N.N. Según documentos oficiales, murió en
la madrugada del 1 de febrero, en un accidente de tránsito.
Durante todos
estos años, la familia de Arruga acudió a todos los canales formales para descubrir
qué fue lo que ocurrió con el adolescente, seguros de que habría sido víctima
de la violencia institucional por parte de policías de la Bonaerense.
Los
antecedentes. El 22 de septiembre de 2008, según relató el mismo Luciano a
sus familiares poco tiempo después, agentes de la Bonaerense le habían
ofrecido ser "pibe chorro" en zonas liberadas de La Matanza.
Sin embargo, ante reiteradas negativas
del joven, fue detenido en el destacamento de la calle Indart, donde
funcionaba una comisaría que no estaba habilitada para recluir detenidos.
Estuvo nueve horas demorado en una cocina, según contó. Su hermana, Vanesa
Orieta, lo había escuchado gritar cuando fue a buscarlo.
La noche de su
desaparición, dos testigos aseguraron ver que un chico de campera
blanca era golpeado y metido a la fuerza en un vehículo policial del
destacamento. Allí, otro testigo lo vio golpeado y ensangrentado. Diversos
peritajes certificaron que Arruga había estado en la comisaría 8ª de
Lomas de Mirador y en uno de los patrulleros, que esa noche no había
cumplido con su recorrido programado y según el registro electrónico de su
desplazamiento circuló por descampados.
Al año de la
desaparición del joven, el destacamento fue cerrado y, dos años mas tarde, se
convirtió en el Espacio para la memoria social y cultural Luciano Arruga.
La causa. La
investigación empezó mal: la denuncia recayó en la fiscal Nº7 de La
Matanza, Roxana Castelli, quien le otorgó la investigación a la misma
Policía. Castelli fue acusada de entorpecer la pesquisa durante 35 días.
La fiscal fue recusada y reemplazada Cecilia Cejas.
En manos de
Cejas, un rastrillaje con perros halló pruebas de que Luciano había
estado en un auto abandonado en el patio trasero del destacamento y en un
patrullero. A eso se le sumó la prueba de que dos móviles policiales del
destacamento, que debían patrullar por separado, aquella madrugada estuvieron
detenidos en el Monte Dorrego, un predio municipal arbolado donde otro
peritaje indicó que allí había estado el joven. Esa prueba, que se sumó en
abril de 2009, aún es la más fuerte de la causa.
Por otro lado,
los testimonios de dos testigos que reconocieron a Luciano como un adolescente
detenido y torturado en la comisaría 8ª aquella madrugada, no fueron
confiables para la fiscal.
En julio de
2009, se determinó que los libros de detenidos que llevaba la
dependencia estaban adulterados. Había nombres tachados y borrados de la
noche de la desaparición de Luciano y otras anteriores. Sin embargo, el
Ministerio de Seguridad provincial no sancionó a ningún policía.
Los familiares
solicitaron en febrero de 2010 que el caso fuera investigado como “desaparición
forzada”. Un mes después, Cejas le solicitó al titular del juzgado de
Garantías 5, Gustavo Banco, que revise si la causa no debería pasar al fuero
federal pero el juez consideró que no había prueba suficiente, mantuvo la carátula
de averiguación de paradero y se declaró incompetente.
Emblema. El
caso ha sido presentado en Argentina como un ejemplo emblemático de desaparición
forzada durante democracia por organizaciones de DerechosHumanos y el Comité de
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que en su informe del 2010 exige
"concluir una investigación exhaustiva e imparcial" e incluirlo en
"conformidad con la Convención sobre los Derechos de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas".
Recién en agosto
de 2012, el gobernador Daniel Scioli recibió a la familia, acompañada por
la APDH La Matanza y la Comisión Provincial por la Memoria. Prometió donar
el Destacamento a familiares y amigos para que levanten un centro cultural y un
sitio de memoria, condenar públicamente la desaparición de Luciano y exonerar a
los ocho policías del destacamento de Lomas del Mirador sospechados de su
tortura y secuestro. Cumplió parcialmente, mucho tiempo después.
En enero de
2013, a pocos días de cumplirse el cuarto aniversario, Blanco declinó
su competencia y la causa pasó al fuero Federal, donde la recibe el juez
federal de Morón Juan Pablo Salas. La causa finalmente se recaratuló de “averiguación
de paradero” a “desaparición forzada”.
Involucrados. Un
mes más tarde, ocho policías de la Bonaerense fueron apartados y pasados
a disponibilidad preventivamente de sus cargos por el ministro de Justicia
y Seguridad, Ricardo Casal: el subteniente Oscar Fecter (Lomas de Zamora), los
subcomisario Néstor Díaz (Esteban Echeverría) y Ariel Herrera (Morón),
el subteniente Daniel Vázquez (Lomas de Zamora) y los oficiales Martín Monte
(Pompeya) y Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz (Morón). El
fiscal Carlos Stornelli, los había pasado en abril de 2010 –cuando era ministro
de Seguridad de la provincia– pero en julio de ese año los reincorporó en
otras jurisdicciones.
En octubre de
2013 se demostró que la fiscal Cejas había intervenido el teléfono
fijo, y los celulares de Vanesa Orieta, Mónica Alegre y sus abuelos,
sospechando que sabían dónde estaba. “Los intervino desde que tomó la causa y
durante un año y medio. Ahí cerró el círculo de impunidad: entendimos por qué
no está Luciano”, denuncia el abogado querellante.
Este año, en
abril, los familiares de Arruga presentaron un recurso de hábeas corpus que la
Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar en julio.
Hace dos días,
el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires aumentó a un
millón de pesos la recompensa para quienes aporten información fehaciente
que contribuyera a dar con el paradero o esclarecer la desaparición de Luciano por
nuevos datos. Hoy, su cuerpo fue encontrado como NN en el cementerio de la
Chacarita."
Quedan 100 preguntas abiertas: por qué un cadáver NN llega al cementerio de La Chacarita, habiendo tantos cementerios en la provincia, quién le dio acceso allí, cómo supieron dónde buscar. Es evidente que alguien sabe el camino desde el lugar del asesinato hasta el cementerio, o quizá fue cambiado su lugar de entierro durante la investigación, pero ¿por qué no quemarlo? A pesar de la recompensa, el resultado dice que si aprietan un poco más, yo creo que la versión completa, desde 2009 a la fecha, será pública. Pero ante el avance de la causa, debemos recordar que no se trata de "no olvidar", sino de castigar, reparar y corregir.
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